martes, 1 de diciembre de 2009

CAPÍTULO IV: LA NUEVA ESTRATEGIA CONTRATERRORISTA DE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI (1990-1995 Y 1995-2000)

Al asumir el poder el presidente Alberto Fujimori Fujimori el 28 de julio de 1990, se encuentra con una cruda realidad: el Estado peruano atravesaba una crisis extrema, pocas veces vista en la historia republicana. El Estado peruano estaba quebrado, totalmente debilitado por el proceso hiperinflacionario devastador y el descontrol en el manejo macroeconómico que se desencadenó a finales de los 80, durante el régimen del presidente Alan García Pérez. En medio de este escenario ya de por sí dramático, la dirección central de la red terrorista Sendero Luminoso había decidido incrementar exponencialmente sus acciones militares en áreas urbanas, principalmente en Lima.
¿Cuál era la finalidad de esa decisión de la dirección central? Sencillamente generar en la población peruana pánico, zozobra e incertidumbre. Eso es lo que provocaban los ataques indiscriminados que no distinguían lo civil de lo militar, ni la guerra de la paz, pues no había un frente de batalla definido, toda vez que el campo de batalla era el conjunto de la sociedad. Con esta lógica los ataques se ejecutaban de manera dispersa, mientras las Fuerzas Armadas, sin entender lo que pasaba se enfrentaban simétricamente a un enemigo asimétrico, no visible y fantasmal; un enemigo que aparecía sorpresivamente y desaparecía utilizando los medios de comunicación para influir en la opinión pública con acciones letales y espectaculares.Ante esta situación catastrófica había que marcar el punto de quiebre y ruptura de esta vertiginosa caída hacia una crisis terminal, hacia un colapso total de la República. Y ese punto de quiebre, histórico, fue el anuncio del ingeniero Alberto Fujimori Fujimori que como Presidente de la República asumía la dirección y conducción de la guerra contra las redes terroristas Sendero Luminoso y MRTA que venían operando coaligadas con las organizaciones del narcotráfico.Es por ello que en su primer mensaje presidencial del 28 de julio de 1990 anunció una nueva estrategia contraterrorista. Esta comprendería la participación ordenada y coordinada de todo el aparato estatal mediante la implementación de un adecuado programa de pacificación nacional, cuyo propósito prioritario era luchar contra la miseria, la exclusión social, el analfabetismo y todo aquello que habiéndose mantenido antes y durante la etapa republicana constituyera un elemental caldo de cultivo para la prédica terrorista. Sin ser un gobierno que se autodefiniera de izquierda, la administración de Fujimori se propuso como tarea inicial del combate por erradicar el terror, la supresión de las condiciones sociales que definían a nuestra sociedad y país como subdesarrollado y dependiente. Para combatir eficazmente al terrorismo había que, paralelamente, combatir con la injusticia social a través de una adecuada política de desarrollo social, toda vez que la solución al problema del terrorismo en el país no era competencia exclusiva de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, cuya participación si bien es fundamental, no debía de constreñirse al aspecto puramente represivo sino darse dentro del marco de una estrategia integral con objetivos políticos precisos que definan los propósitos estratégicos del gobierno.El mensaje a la Nación aludido líneas arriba marca el inicio de la nueva estrategia integral del gobierno en materia de lucha contra el terrorismo y tiene como antecedente y punto de partida el Plan de Gobierno de “Cambio 90" de 1990, en que una de las doce principales líneas de acción estratégica señaladas era impulsar un programa de pacificación nacional.Debido a la gravedad de la crisis no cabía duda alguna que para el Perú era, y es actualmente —cuando escribo este libro— objetivo nacional la erradicación de estas redes terroristas. Estas redes, hay que repetirlo hasta el cansancio, se encuentran en coalición con las del narcotráfico configurando una peligrosa amenaza a la Seguridad Nacional. Ambas buscan permanentemente afectar la estabilidad y gobernabilidad del país, sin que les importe un comino el colapso de la sociedad peruana.Frente a esta situación de crisis generalizada que se vivía al inicio del gobierno del presidente Fujimori, éste definió como objetivos políticos para lograr la Pacificación Nacional los siguientes:
• Restablecer la paz y el orden constitucional basados en la justicia social y en la consolidación de la democracia.
• Erradicar las redes terroristas y las redes del narcotráfico que operan formando coaliciones entre sí, a través de una acción conjunta del Estado con la participación indispensable de la población organizada.
• Recuperar la presencia del Estado en su expresión administrativa en todo el territorio nacional y pacificar las áreas sometidas a la acción de las redes terroristas y del narcotráfico.
• Crear un sentimiento de estabilidad política y de confianza en el Estado por parte de la población.
• Paralelamente profundizar prioritariamente el esfuerzo del Estado y del gobierno para resolver los problemas socioeconómicos de las clases más necesitadas y de las zonas marginales y pauperizadas, realizando una reforma del aparato estatal encaminada a descentralizarlo.
Se debe entender como Pacificación Nacional el proceso orientado a recuperar la situación de tranquilidad del país en un marco de orden, seguridad y desarrollo para la consecución de los objetivos nacionales.
Por tanto, la pacificación —así entendida— debía ser integral y simultánea en todos los campos de acción de la Defensa Nacional con preeminencia en los campos político, económico y social, o sea los denominados campos no militares.Considerando la naturaleza política de la guerra y el hecho de que el terrorismo es un fenómeno político, había que hacerle frente a la agresión del terror con una estrategia nacional integral y diferente; es decir, había que emplear racionalmente todos los recursos humanos, económicos, físicos, sicosociales y políticos de la Nación, incluyendo sus fuerzas armadas para alcanzar los objetivos políticos del gobierno.En concordancia con esta línea de pensamiento, el diseño de la nueva estrategia integral suponía, previamente, conocer y entender el tipo de Guerra Asimétrica que practicaban las redes y coaliciones terroristas contra el Estado peruano a fin de poder estructurar una estrategia que privilegiara los tres factores no militares de la ecuación sin descuidar el componente militar, pero subordinándolo a los otros factores.
El presidente Alberto Fujimori, definió los objetivos políticos para lograr la Pacificación Nacional y el Orden Constitucional basados en la justicia social y en la consolidación de la democracia. Fue una decisión histórica y tuvo que hacer frente a la Guerra Asimétrica que, como variable principal de la Guerra de Cuarta Generación, venían desarrollando las redes terroristas Sendero Luminoso y el MRTA contra el Estado peruano.Ahora bien, como quiera que en el campo de la política general del Estado, la estrategia nacional es de incumbencia del jefe del Estado, la nueva estrategia así trazada y ejecutada resultaba lo suficientemente explícita para que las redes y coaliciones terroristas y del narcotráfico dejaran de ser una seria amenaza a los objetivos nacionales, a la gobernabilidad y a la estabilidad política del Perú.La estrategia militar es la ciencia y el arte de emplear las fuerzas armadas para alcanzar los objetivos políticos mediante el empleo, valga la redundancia, de la fuerza o la amenaza de su empleo. Por ello, una vez que el presidente Fujimori determinó muy claramente los objetivos políticos de su gobierno —en función al Objetivo Nacional— la estrategia militar, que es responsabilidad del conductor de las operaciones militares, recién pudo definir los objetivos propios que le permitieran alcanzar las metas políticas. Previamente, debió existir una clara subordinación de la estrategia militar a la conducción política del Estado, que es la única que puede determinar objetivos políticos, mas no objetivos militares. Contrario sensu, el estratega militar o conductor militar puede y debe fijar sus objetivos militares en función de los objetivos políticos y subordinarse a los mismos, pero no puede nunca fijar objetivos políticos, pues la guerra es política y es de responsabilidad del estadista.Es, en consecuencia, a partir de los objetivos políticos trazados por el presidente Fujimori que se construye todo el edificio, todo el esquema de la nueva estrategia, sobre la base de la cabal y lúcida comprensión de que la lucha era política, en primer término, y luego militar. Había, pues, que priorizar en dicha estrategia —insisto— los componentes no militares de la ecuación y el factor militar debía estar subordinado a los otros tres ejes de acción. Por tanto, la estrategia militar a cargo del Comando Conjunto tenía obligatoriamente que fijar sus objetivos militares y efectuar el planeamiento estratégico en función de los objetivos políticos del gobierno. Consecuentemente, la ecuación sería la siguiente:
ECUACIÓN DÉCADA DE LOS 90
GR= ATG x AOF x GP x OL
CAMBIO POSICIONAL: FACTORES PRIVILEGIADOS POR EL ESTADO PERUANO EN LA DÉCADA DE LOS 90
AOF x GP x OL(COMPONENTES NO MILITARES)
FACTOR SUBORDINADO A LOS OTROS FACTORES EN LA DÉCADA DE LOS 90 ATG(COMPONENTE MILITAR)
FACTORES PRIVILEGIADOS POR SENDERO LUMINOSO EN LA DÉCADA DE LOS 90
AOF x GP x OL
(COMPONENTES NO MILITARES)
Como quiera que Sendero Luminoso tenía, y tiene, una estructura organizativa de red que operaba, y opera, con un conjunto de células diseminadas por todo el país, necesariamente las líneas directrices de sus mandos y planificadores terroristas debían, y deben, darse por intermedio de una vasta y compleja red de contactos y células escalonadas. Estas parten desde la dirección central, pasando a su vez por los diversos comités regionales y zonales que operaban, y operan, en distintas áreas geográficas y llegan a la fase ejecutiva más baja que estaba, y está, a cargo de un mando político y uno militar. Estos actuaban, y actúan, encuadrados organizadamente dentro de la población rural o urbana –según sea el caso– designando en ese nivel a los responsables de organización, de producción y de vigilancia de mujeres y niños.Para hacer frente a dicha situación en la década de los 80, la Defensa Nacional estuvo circunscrita, valga la redundancia, a la defensa de la soberanía, el territorio y al conocimiento de aspectos puramente castrenses. Esto la constriñó a un enfoque unilateral y exclusivamente militar en su concepción y aplicación, pues sólo se limitó a reconocer la existencia de amenazas a la soberanía, la independencia y la integridad territorial de la República. En este sentido su orientación estuvo centrada en una visión meramente territorial del país, y en consecuencia lo único que había que defender –dentro de esta óptica– era el territorio, razón por la cual dicha posición equivocadamente destacó la presencia y respuesta militares a las que erróneamente se subordinó toda la Nación. Craso error de la conducción política y, por ende, de la estrategia militar. De ahí el avance incontenible de Sendero Luminoso.
Considerando que la Seguridad y Defensa Nacional deberían adoptar un alcance multidimensional –para no estar circunscritas a lo militar– en que se incluya factores políticos, económicos, sociales y militares, no tendría que haber –bajo ningún punto de vista ni circunstancia– un predominio de la visión militar, razón por la cual era necesario que el conductor político formule su concepto estratégico. En éste, lo militar sólo ocuparía una fracción, pues se debía considerar en el sentido más amplio aspectos políticos, económicos, sociales y medioambientales ya que se evidenciaba, cada vez con mayor intensidad, la necesidad de incursionar en otras disciplinas que permitiesen conocer los fenómenos causales de los desequilibrios estructurales que ponían en peligro la estabilidad interna de la Nación.Ello obligó al estadista –aún con mayor énfasis– a establecer la correlación entre los factores económicos, sociales y políticos y la alteración del orden interno, para ser proyectados a una moderna concepción de Defensa Nacional. De este modo, se eliminaba las contradicciones y las injusticias sociales, y así, se evitaba proseguir la acción en el campo puramente militar.
Este fue el cambio posicional que supuso la nueva estrategia integral adoptada por el presidente Fujimori en la década de los 90 con el propósito de enfrentar a las redes terroristas que operaban formando coaliciones con el narcotráfico. Este cambio cuestiona la legitimidad de los fines de un Estado tradicional, para el que la seguridad representaba esencialmente la defensa del territorio, sin considerar los desequilibrios originados por factores económico-sociales, el complejo fenómeno de la dependencia externa y todo aquello que, interna o externamente, afecte sustancialmente la vida de la Nación y el bienestar general.
A partir de este marco de referencia se tuvo que hacer frente a la Guerra Asimétrica que como variable principal de la Guerra de Cuarta Generación venían desarrollando las redes terroristas Sendero Luminoso y el MRTA contra el Estado peruano. Hemos explicado ya que previamente se tenía que cuestionar y redefinir los clásicos conceptos de Seguridad Integral y Bienestar General, acorde con los objetivos políticos del gobierno y en armonía con los objetivos nacionales.En razón de que el Estado reclamaba como su finalidad esencial reconquistar el bienestar general de la población –en una situación de crisis generalizada como la que se vivía al finalizar la década de los 80–, se requería de una política de desarrollo de nuevo tipo, una política que se concrete en medidas político-administrativas en los diferentes sectores de la vida nacional –educación, economía, vivienda, energía y minas, salud pública, transporte y comunicaciones– toda vez que la falta de desarrollo económico y social encierra el germen de los conflictos sociales porque la insatisfacción de las necesidades genera la utilización de la violencia como válvula de escape.De esta manera el logro del bienestar general y la realización de una política de desarrollo necesitaban del establecimiento de una política de seguridad integral totalmente diferente y que sea capaz de garantizar la acción soberana del Estado en la consecución de sus objetivos frente a la amenaza de las redes y coaliciones terroristas que estaban poniendo en gran peligro la viabilidad del Perú como Estado-Nación, mediante la Guerra Asimétrica.Por tanto, la tradicional acepción de la Seguridad Nacional, debía ser redefinida, ya que la pérdida de su anterior concepción, la que sostenía que debía limitarse fundamentalmente a la defensa del territorio, obligaba a la búsqueda de nuevas formulaciones, pues la cantidad y complejidad de los problemas hacía necesario una mayor coordinación desarrollo-seguridad.
Esto en razón de que el país se encontraba frente a amenazas de tipo político-ideológico que se venían manifestando en variadas y sutiles formas que ponían en peligro los objetivos nacionales yla consecución de política general, por lo que, correspondía pues, a la Seguridad Nacional proporcionar la garantía suficiente para neutralizar, desde una perspectiva político-social, las amenazas provenientes de actores no estatales que venían ejecutando un nuevo tipo de guerra de manera eficaz contra el Estado peruano.Dentro de este contexto la Seguridad Nacional tenía que asumir dimensiones más amplias, porque ella sólo podía cumplir su fin y cometido, a través de la hábil y armoniosa combinación de acciones políticas, económicas, sociales y militares en que el concepto tradicional se sustituye por otro según el cual la Seguridad Nacional es la situación que supone la capacidad para neutralizar, eficazmente, todas las amenazas que ponen en peligro los intereses nacionales, e implica, asimismo, el desarrollo coherente de las actividades del Estado, según la orientación de los objetivos nacionales y mediante el desarrollo del Potencial Nacional. Este debe ser mantenido permanentemente en condiciones capaces de neutralizar las amenazas y antagonismos existentes.
En atención a la precisión otorgada, el concepto de Seguridad Nacional deja de ser una abstracción limitante en lo que concierne a la defensa del territorio y en la medida en que su contenido ideológico se adapta a la nueva doctrina política que propugna el Estado para hacer frente a las amenazas de orden político-social. Con la precisión mencionada, ahora constituye un valor que puede poseerse en mayor o menor grado y al que puede aspirarse con mayor o menor intensidad; pero para ello es fundamental la unidad nacional en torno al proceso de cambios.Después de haberse redefinido los clásicas conceptos de Seguridad Nacional y Bienestar General, el paso siguiente era hacer lo propio en la estructura organizacional, operativa y doctrinaria que erróneamente habían adoptado las Fuerzas Armadas durante toda la década de los 80 por la falta de decisión política de los sucesivos gobernantes en esos dos lustros. Ante ese vacío y al no contar con un marco estratégico integral, las Fuerzas Armadas mantuvieron una mentalidad en que prevalecía la Guerra de Tercera Generación y mostraron que sólo estaban preparadas simétricamente para conflictos simétricos –en los frentes externo e interno. En esteúltimo caso, esto se graficó ostensiblemente, repetimos, a partir de una equivocada apreciación de la estrategia de la red terrorista Sendero Luminoso y su organización político-militar, al tipificarla como un movimiento guerrillero similar al anterior de Mesa Pelada y Púcuta a fines de 1965 y comienzos de 1966 que, estuvo inserto en el movimiento comunista internacional dependiente del apoyo exterior y directivas de Cuba.
A dicha errada apreciación se debe que la respuesta militar del Estado peruano para hacer frente a la Guerra Asimétrica que venían desarrollando en los años 80 actores no estatales internos –redes y coaliciones terroristas– haya sido totalmente inadecuada para este tipo de guerra; de ahí el clamoroso fracaso de la misma.En consecuencia, luego de todo este proceso de cambio posicional que significó el cuestionarse y el redefinir los conceptos tradicionales de Seguridad Integral y Bienestar General, que erróneamente primaron en la década de los 80 –por la conducta omisiva de los conductores políticos–, los oficiales de las Fuerzas Armadas en todos los niveles de Comando y grados de subordinación debían previamente reconceptualizar su función y actividades en el empleo de sus tropas, para lo cual tenían que entender y saber combinar las acciones políticas, económicas y sociales con las puramente militares.
En ese orden de ideas, el militar profesional tendría la ineludible necesidad de proyectar y ampliar sus conocimientos fuera del campo castrense, a fin de poder asumir con eficiencia la creciente panorámica de sus responsabilidades, cuya magnitud lo obligaba primero a conocer y entender la política nacional. Ello porque la política de seguridad es parte integrante de esa política general, y, consecuentemente porque todo problema militar guarda estrecha relación con los factores económico, político y social.Esta nueva concepción de la misión de las Fuerzas Armadas –definida meridianamente por el presidente Fujimori– las obligaría a salir del tradicional enclaustramiento de sus cuarteles, en su misión de garantizar la integridad territorial contra amenazas externas del campo netamente militar, para que estuvieran en contacto cada vez mayor con los problemas socioeconómicos del país, en función de esta nueva misión de velar contra las amenazas de actores no estatales internos, respuesta que involucraba el conocimiento de los campos económico, sociológico, político, psicológico y militar.Es por esta razón que en la Guerra Asimétrica frente a actores no estatales internos, resultaba indispensable que los hombres que actuaran en el campo de la Estrategia Militar tengan un conocimiento adecuado de los problemas económico-sociales y políticos que confronta el país. Aquí las Fuerzas Armadas tendrían la necesidad de identificar, en base al nuevo concepto de seguridad, las vulnerabilidades de la realidad socioeconómica del medio donde actuarían y propender a su cambio.
Evidentemente, ello requería una ampliación de su preparación, hasta ese momento fundamentalmente castrense, a fin de que pudieran tener, en primer lugar, la sensibilidad para captar los graves problemas que venían afectando a la Seguridad; y, en segundo, la capacidad para hacer llegar a los altos niveles de decisión, las observaciones y sugerencias que estimen necesarios.Estando a que la preparación de los cuadros desbordaba, pues, el campo castrense, ello obligaría por una parte, a impartir en todos los niveles la enseñanza de materias que permitieran al oficial una comprensión clara de los problemas nacionales, de la naturaleza esencialmente ideológica del terrorismo y de los campos en que éste se desarrollaba; y de otra, al cambio total de la errónea doctrina que estaba vigente, pero que era inoperante para enfrentar a actores no estatales internos que practicaban la Guerra Asimétrica. Es decir, los reglamentos militares y los manuales para fines de instrucción debían desecharse por anacrónicos e inconducentes para llevar adelante una respuesta correcta y efectiva al nuevo tipo de guerra ejecutada por redes y coaliciones terroristas.Para complementar la preparación profesional de los oficiales de las Fuerzas Armadas, en el marco de la nueva estrategia del gobierno, se hizo necesario abrir la posibilidad de que la oficialidad pueda estudiar otras carreras profesionales en distintas universidades del país y del extranjero. Esto suponía que dentro del plan de carrera del personal militar se debía contemplar su permanencia hasta por cinco años en aquellas guarniciones donde funcionaban estos centros de estudios superiores; asimismo, se tenía que asegurar la rotación equitativa de la oficialidad de manera racional con el objeto de que todos tengan igualdad de oportunidades con tal propósito.Ello fue posible porque el presidente Fujimori entendió la importancia de que nuestros oficiales complementen su formación con el estudio de otras profesiones, a fin de estar más capacitados para poder hacer frente a un nuevo tipo de guerra que desborda los conocimientos castrenses. El ingeniero Fujimori estaba convencido que la nueva mentalidad del oficial debía basarse en una permanente capacidad de análisis y en una lúcida perspectiva de la realidad nacional de los países que interesen para que a partir de esta posición critica, puedan estar en aptitud y capacidad de cumplir su misión fundamental y brindar su aporte positivo al desarrollo nacional y a la construcción de un nuevo orden enteramente justo.
Como es de suponer, esta trascendental decisión rompió con todo un esquema en la mentalidad de los comandos de las respectivas instituciones castrenses, los cuales siempre fueron resistentes al cambio, al extremo de considerar —por una visión muy tubular de la realidad nacional— que los oficiales subalternos debían ser personas ejecutantes y no pensantes, pues, dizque, son los “peones” del Ejército.Esa línea de pensamiento errática fue tan rígida, que durante las décadas de los 60, 70 y 80, ningún oficial del Ejército Peruano pudo estudiar alguna profesión en cualquier universidad del país, pues no sólo estaba prohibido, sino que era muy difícil hacerlo por el sistema de horarios. Pero como toda regla tiene su excepción, fui el único oficial de armas del Ejército Peruano egresado —en 1966—de la Escuela Militar de Chorrillos, en la especialidad de Artillería, que durante los siete primeros años de oficial, estudió Derecho y Sociología en horario vespertino en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Complementariamente realicé más tarde estudios de Relaciones Públicas en la Escuela de Periodismo y Relaciones Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuya sede era el antiguo local de la Plaza Francia —donde hoy funciona la librería Studium. Entonces dirigía dicha escuela doña Matilde Pérez Palacios. Finalmente, seguí el curso de Organismos y Conferencias Internacionales en la Academia Diplomática del Perú cuando fuera director el embajador Pedro Ugarteche Tizón.
Considerando que los fines del Estado son el Bienestar y Seguridad, y que ambos son interdependientes e interactuantes, lo que se realice para alcanzar el Bienestar incide necesariamente en Seguridad y recíprocamente.La fuente de medios de que se vale el Estado para lograr sus fines es el Potencial Nacional, y consecuentemente es obligación del Estado desarrollarlo de manera integral en todos los niveles, niveles que incluyen factores como lo humano, lo económico, lo social y lo político. A medida que el Potencial Nacional se desarrolle, será más factible alcanzar los objetivos de Bienestar y Seguridad Nacional.
En vista de la situación de emergencia nacional que se podía constatar al concluir la década de los 80, existía la imperiosanecesidad de propender por todos los medios a elevar los niveles de vida de la población peruana con el objeto de combatir el subdesarrollo y la dependencia que originaban las grandes contradicciones sociales en el país. Por tales consideraciones el reto que debían confrontar las Fuerzas Armadas era coadyuvar al fortalecimiento del Potencial Nacional y al consiguiente bienestar general de la ciudadanía.El presidente Fujimori fue y es un profesional calificado y, dada su experiencia académica universitaria tuvo la lucidez de apreciar y entender que no se podía derrotar al terrorismo militarizando las acciones del Estado, sino que había que considerar que las mismas debían estar fundamentalmente orientadas a ganar la adhesión de la población hacia las Fuerzas Armadas mediante obras de infraestructura destinadas a satisfacer las necesidades más urgentes de vastos sectores poblacionales marginados del país. Esta era una de las vigas maestras de la nueva estrategia integral de lucha contra las redes terroristas.
Dicho esto en atención a la precisión dada, es que dispuso que el Ejército Peruano brinde su contribución al Desarrollo Nacionalparticipando en actividades de acción cívica orientadas al desarrollo socioeconómico, sin descuidar, ni desvirtuar su preparación en el cumplimiento de su misión esencial, y sin competir, ni interferir con los organismos estatales en los que recaía la responsabilidad de promover dicho desarrollo.En esta línea de pensamiento, una política de desarrollo presuponía, entre otros aspectos, lo siguiente:
• El establecimiento de metas claras hacia las cuales se orienta la lucha por el desarrollo; es decir, criterios realistas y compatibles con las aspiraciones de las mayorías.
• El fortalecimiento de la capacidad nacional para tomar decisiones firmes y formular una política autónoma y planificada, a fin de posibilitar los cambios requeridos.
• El fortalecimiento y la democratización del aparato administrativo del Estado para hacerlo más eficiente y dinámico y al servicio de los ciudadanos, sin distinción alguna.
Por tanto, la nueva política de acción cívica para lograr el acercamiento de las Fuerzas Armadas a la población y ganar su total adhesión, particularmente en aquellas zonas bajo la influencia de las redes terroristas, tuvo los ejes siguientes:— Primero, la implementación de un programa de carreteras;— Segundo, la implementación de un programa de cartografía; y— Tercero, el apoyo a programas de asistencia social e infraestructura diversa.En cuanto al programa de carreteras, había que tomar en consideración que la falta de una adecuada red vial, concebida de acuerdo a las necesidades económicas del país y los imperativos geopolíticos, constituía un factor sumamente negativo en la compleja tarea de efectuar un proceso de desarrollo equilibrado. Por tanto, era básico reducir nuestras diferencias regionales y las que existían entre las zonas rurales y urbanas, superando los obstáculos que se oponían a su intercomunicación.
De ahí la participación preferente del Ejército —con sus batallones de ingeniería— en la construcción de vías de penetración a las difíciles regiones selváticas y a los focos potenciales de acción de las redes terroristas, pues no había ninguna posibilidad de interferencia y competencia con otros organismos del Estado o empresas privadas.Esta nueva política para la participación del Ejército en dichas actividades, tuvo en consideración los aspectos siguientes:
• Construcción de carreteras en zonas geográficas y económicamente difíciles que puedan contribuir al desarrollo socioeconómico del país.
• Construcción de carreteras que por sus limitadas posibilidades económicas habían sido diferidas en cuanto a su culminación, por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero que tenían —para los fines de la Pacificación Nacional— particular importancia.
• Construcción de carreteras de corta longitud y de urgente realización en las zonas más críticas, donde sólo los batallones de ingeniería del Ejército podían intervenir a corto plazo realizando importantes actividades de acción cívica. Estos batallones superaban peligrosas situaciones socioeconómicas, generadas por desastres u otras causales como la violencia terrorista.
• Mejoramiento y conservación de carreteras en los dos primeros casos.De esta manera, la participación del Ejército Peruano estaría sujeta a lineamientos previamente establecidos y se ejecutaría de conformidad con los objetivos del nuevo “Plan Vial Nacional” elaborado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de acuerdo a la política del gobierno, cuya finalidad sería completar la red primaria de la estructura vial del país.Conforme a ello, la participación de dicha institución no fue producto de una concepción aislada, sino parte de un planeamiento integral de la política vial del país, la que se llevaría a cabo en cuatro campos de acción: mantenimiento, mejoramiento y conservaciónde la red existente, construcción de troncales de penetración y construcción de caminos vecinales.La ejecución del programa de carreteras por el Ejército fue posible debido a la realización de ciertas reformas organizativas y a la elevada especialización que habían alcanzado las unidades de ingeniería, acantonadas todas ellas a lo largo y ancho del país. Estas se encontraban siempre en aptitud de cumplir cabalmente las funciones técnico-administrativas necesarias, ya que contaban con la capacitación y perfeccionamiento de mecánicos y operadores en la Escuela de Ingeniería del Ejército. En cuanto a su equipamiento, la adquisición, mantenimiento y reemplazo de éste se vieron favorecidos por el aporte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tal y como lo dispuso el ingeniero Fujimori.El programa de cartografía nacional, a través del Instituto Geográfico Militar venía desde hace muchos años preparando y brindando los documentos cartográficos necesarios que le eran solicitados, por lo que a fin de ejecutar con mayor amplitud y desde una óptica macropolítica diversos proyectos de promoción establecidos por el Gobierno en función de los objetivos políticos, se dispuso que dicho instituto realizara en el menor tiempo posible, con alta precisión y gran economía, varios estudios cartográficos insustituibles en la promoción del desarrollo, tales como:
• Levantamiento de la Carta Nacional a fin de disponer de un elemento básico de consulta para cualquier trabajo en el territorio.
• Proyectos de levantamientos especiales que soliciten los diversos sectores estatales y la empresa privada.
• Reproducción de documentos cartográficos especiales.La cartografía tiene su aplicación más común en el estudio y realización del inventario de los recursos naturales, que es esencial en el planeamiento a mediano y largo plazo del desarrollo nacional, y en el diseño de proyectos de construcción de caminos y programas de colonización.
En cuanto al apoyo a programas de asistencia social e infraestructura diversa, los batallones de ingeniería brindaron su valiosa colaboración en la apertura de trochas para facilitar el tránsito poblacional, en la construcción de todo tipo de puentes para el tránsito peatonal y vehicular, en la asistencia sanitaria y médica en zonas alejadas y sometidas a la violencia de Sendero Luminoso y el MRTA. Igualmente, el apoyo de estos batallones fue vital en la construcción de pistas y veredas en asentamientos humanos, en el asfaltado de carrozables, en el mejoramiento de la infraestructura de agua y desagüe en los conos de la capital y zonas marginales del interior, en la refacción y pintado de todos los colegios a nivel nacional, en el abastecimiento de agua a las áreas muy críticas que adolecían del líquido vital y en la construcción de losas deportivas multipropósito para entretenimiento de la juventud, todo lo cual viabilizó la adhesión de la población a favor del accionar de las Fuerzas Armadas, ya que el hombre de uniforme se convertía en un aliado de la ciudadanía y en el celoso guardián de la tranquilidad pública.Estando a que la táctica aplicada por las fuerzas del orden en la década de los 80 se orientaba al esquema erróneo que desarticulando la masa de maniobra de esta red se acababa con el fenómeno terrorista en el Perú, la acción del Estado se centraba en utilizar fuerzas regulares –preparadas doctrinaria y organizacionalmente para guerras simétricas– en combatir a los grupos dispersos llamados “Fuerzas de Base”, “Fuerza Local” y “Fuerza Principal” que integraban el denominado “Ejército Guerrillero Popular”, el cual operaba clandestina y asimétricamente en zonas rurales. En las áreas urbanas también se empleaban fuerzas regulares simétricas para combatir a los “Destacamentos” y “Grupos Especiales de Aniquilamiento” cuyas tareas eran esencialmente la realización de ataques asimétricos de terrorismo selectivo y destrucción de propiedad pública y privada. Crasos errores que debían ser corregidos como otro eje temático al diseñarse la nueva estrategia.Por ello tenía que replantearse esta táctica errónea, había que necesariamente hacerle modificaciones en la direccionalidad de la estrategia, centrando el esfuerzo en dos objetivos esenciales: primero, en la ubicación y captura de las cúpulas terroristas; y segundo, cerrando sus fuentes de financiamiento económico y de apoyo logístico, con lo cual la masa de maniobra –constituida por las bases sobre las que reposan los cabecillas— perdería la objetividad y perspectiva de su acción, por falta de directivas operacionales y carencia de medios.Consecuentemente, el nuevo esquema estratégico tenía que priorizar la captura de la dirigencia con sus comandos operacionales, y paralelamente neutralizar o romper sus relaciones de cooperación con los cárteles del narcotráfico con los que desde la década de los 80 formaba, y forma actualmente, coaliciones. Por ello, se debía establecer las nuevas misiones a las fuerzas del orden, privilegiando el trabajo de inteligencia a cargo de la DINCOTE como unidad especializada y sistémica, a la que se le asignó tareas específicas en la directiva presidencial para combatir el terrorismo. Esto hizo posible una mejora en la calidad de su trabajo y en el profesionalismo de sus integrantes. Igualmente a la DINANDRO, otra unidad especializada y sistémica, se le asignó tareas específicas en dicha directiva para enfrentar a los cárteles del narcotráfico transnacional a fin de luchar contra estas amenazas en sus dos frentes: terrorismo y narcotráfico, que eran, y son, las dos caras de una misma moneda.
Otro aspecto del tema que nos ocupa, es la forma cómo enfrentar —y desarticular— todo el complejo y entramado esquema comunicacional que tenía Sendero Luminoso y que estaba, y está, basado en redes y células dispersas. Para hacer posible una respuesta eficaz a este esquema era, y es, indispensable el apoyo de la población, que es la única que puede conocer y discernir quién es quién entre la ciudadanía.
Dicho esto, una viga maestra de la nueva estrategia era la creación de mecanismos institucionales que canalizaran la participación activa y democrática, libre y espontánea de la población, a través de sus propias organizaciones regionales, vecinales y locales, de tal modo que aislando a los sectores terroristas de su seno se lograra que éstos carezcan de cualquier clase de apoyo popular. Había, pues, que unificar y movilizar a la población en contra de la violencia senderista, en lugar de disgregarla y paralizarla.De esta forma se enfrentó la acción del terrorismo. Y lo acertado de este aspecto de la estrategia de pacificación lo prueba el éxito delas rondas campesinas y los comités de autodefensa, que fueron y son la mejor arma en la guerra asimétrica, pues la población al tener conciencia que podría ser blanco potencial de estas redes, articuló su defensa sobre la base de aislar a los elementos que consideraba potenciales integrantes de una red.Conforme a ello, los comités de autodefensa constituyen organizaciones de la población rural o urbana que surgen espontánea y libremente, con el objetivo de desarrollar actividades de autodefensa para evitar la infiltración de las redes terroristas y del narcotráfico, defenderse de los ataques provenientes de dichas redes y brindar apoyo a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en las tareas de pacificación de las zonas en las que operan; en virtud de ello, es decir las necesidades de autodefensa, poseen una estructura y un funcionamiento flexibles.Estos comités están concebidos, y facultados, para que sus integrantes puedan hacer uso de armas de acuerdo a ley, previa autorización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Su actuación destacada, complementando y apoyando las funciones de defensa y desarrollo que cumplen las Fuerzas Armadas y la PNP, es objeto de reconocimiento por el Estado a través de distinciones y honores, y de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento respectivo.
En ese orden de ideas, mediante Decreto Legislativo N° 741 de 12 de noviembre de 1991 se reconoció a los comités de autodefensa como organizaciones de la población cuya función esencial era desarrollar actividades de autodefensa de su comunidad. Mediante este dispositivo quedaban facultadas para adquirir por compra, donación por parte del Estado o particulares, armas de caza del tipo calibre 12 GAUGE, retrocarga, versión tiro por tiro y munición tipo doble o triple cero, u otras previa autorización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, estando por tanto autorizadas a la tenencia y uso de armas y municiones de uso civil para evitar la infiltración de células terroristas y del narcotráfico, así como a defenderse de los ataques de comandos operativos de dichas redes.Respecto a las rondas campesinas reconocidas por la Ley N° 24571, se establece que éstas tienen como características serpacíficas, democráticas, autónomas, destinadas al servicio de la comunidad y que contribuyen al desarrollo y a la paz social. Mediante Decreto Legislativo N° 740 de 11 de noviembre de 1991, se les facultó para que puedan adquirir y usar armas y municiones de uso civil de manera análoga a los comités de autodefensa y con la misma finalidad antes mencionada.Para dicho propósito, y de una manera general, las rondas campesinas se organizan en tres niveles:
– Primer nivel: Comité de Base, que está constituido por la Ronda de una comunidad, unidad de producción cooperativa, grupo campesino. Debe tener un mínimo de 30 ronderos activos.
- Segundo nivel: Subsector o Comité Zonal, que está formado por el conjunto de cinco rondas, se organiza tomando en cuenta, básicamente, que exista la unidad geográfica del terreno que permita el apoyo mutuo para la defensa. Debe tener un número mínimo de 150 ronderos.
– Tercer nivel: Sector o Comité Central, formado por cuatro subsectores. Deberá tener un número de 600 ronderos.
En cuanto a las rondas urbanas, de una manera general se dividen en tres niveles:
– Primer nivel: Grupo de calles.
– Segundo nivel: Subsectores del distrito y/o Asentamientos Humanos.
– Tercer nivel: Sector (Distrito y/o Asentamientos Humanos).
Malinterpretando y más aún, pervirtiendo el principio de autonomía universitaria, las universidades estatales del país habían sido copadas por la red terrorista Sendero Luminoso. Estos centros de estudio se habían convertido en lugares de reclutamiento, entrenamiento y capacitación de cuadros y sus instalaciones servían de refugio a terroristas que tenían asegurada su impunidad en vista de que las fuerzas del orden estaban prohibidas de ingresar al “campus”. La anarquía y la ausencia de toda autoridad, no sólo perturbaba el normal desenvolvimiento de la vida académica, sino que era un peligro real para el conjunto de la sociedad. Era, pues, imperativo erradicar esta anarquía y este peligro y restablecer el principio de autoridad, recuperando para la sociedad peruana el rol de la universidad, trastocado y pervertido por la presencia de células terroristas que en las aulas universitarias, en los comedores y viviendas estudiantiles, eran fuente permanente de violencia, disturbios, desorden e incumplimiento de los programas curriculares.Por otro lado, siendo absolutamente indispensable resolver de manera definitiva el caos y el desgobierno existentes en los diversos establecimientos penales del país, los mismos que en lugar de ser centros de readaptación se habían convertido en verdaderas escuelas de adoctrinamiento político y en “territorios liberados” por los terroristas, se dispuso las medidas necesarias para, igualmente, restablecer el principio de autoridad a cargo del INPE, siendo esta medida otro principio de la nueva estrategia. De este modo se terminó con una situación de paradoja que había llegado al extremo de convertir a un establecimiento penal, repetimos, en territorio liberado, desde donde incluso salían muchas veces las órdenes y planeamiento para la realización de ataques terroristas. Por la inacción inaudita de anteriores gobiernos los centros de reclusión se habían vuelto las “luminosas trincheras de combate” donde a la vista de la opinión pública y ante la indiferencia de sus custodios operaban libremente los terroristas, sujetándose a las directivas de militarización de Sendero Luminoso.
Otra viga maestra de la nueva estrategia para la Pacificación Nacional ha sido la legislación sobre arrepentimiento regulada por el D.L. N° 25499 –que se promulgara el 16 de mayo de 1992– y su reglamento respectivo. En estos dispositivos se establecieron las normas y procedimientos para la reducción, exención y remisión de pena, que podrían beneficiar a aquellas personas que siendo integrantes de las redes terroristas Sendero Luminoso y el MRTA hubieren participado en acciones terroristas contra el Estado y la sociedad, pero que estuvieran dispuestos a formular una declaración de admisión de responsabilidad para que conste en un acta donde se consignaría lo siguiente:
• Compromiso de arrepentimiento y de abandono voluntario y definitivo de toda actividad terrorista.
• Situación y cargo dentro de la red terrorista a la que pertenece.
• Confesión veraz de los hechos delictivos en que hubiere participado.
• Información veraz y oportuna sobre las redes terroristas, sus jefes, mandos, cabecillas y dirigentes y otros a criterio de la autoridad.
• Información que permita impedir o neutralizar futuras acciones terroristas.
• Firma e impresión digital del dedo índice derecho del solicitante.La finalidad de la información debía permitir a las autoridades competentes adoptar las medidas que a continuación se indica:
• Desarticular redes y coaliciones terroristas.
• Capturar a elementos de las redes Sendero Luminoso y el MRTA.
• Descubrir bases de entrenamiento y centros de adoctrinamiento de las redes terroristas que operan en coalición con redes del narcotráfico y hechos conexos.
• Detectar la infiltración de elementos terroristas en los diversos sectores de la población urbana y rural.
• Identificar personas y redes que apoyan a través de diversos medios a redes terroristas.
• Recuperar armamento, explosivos u otro material utilizado por las redes terroristas.
• Liberar personal cautivo y/o secuestrado por las redes terroristas.
• Conocer en detalle la forma y circunstancias de las acciones terroristas en las que participó.
• Evitar acciones y ataques terroristas.
Con la promulgación de dicho dispositivo legal y su correspondiente reglamentación se buscó dos objetivos definidos:
–Primero, obtener valiosa información para el Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) bajo la dirección de su ente rector, el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 del D.L. 25499 concordante con el numeral 43 del Reglamento de la Ley de Arrepentimiento;
– Segundo, golpear a los aparatos partidarios de las redes terroristas Sendero Luminoso y el MRTA y producir un desbande en sus filas.
Estos dos objetivos fueron cumplidos cabalmente, pues durante la vigencia del D.L. 25499 y su reglamento respectivo, solicitaron acogerse a dicha norma 8 226 terroristas. De este total de terroristas que solicitaron acogerse a la Ley de Arrepentimiento, obtuvieron beneficios según el detalle siguiente:
• Beneficios de exención de pena: 5 75
• Beneficios de reducción de pena: 277
• Beneficios de remisión de pena: 58
• Declarados improcedentes: 387
• Empadronados: 1 753
TOTAL 8 226
Considerando que el Perú era en la región un país que al concluir la década de los 80 se encontraba al borde del abismo y en una situación de inviabilidad por efecto de la guerra interna iniciada en 1980 por las redes terroristas que operaban en coalición con las redes del narcotráfico, y que a ello se sumaba el hecho de que el Estado peruano estaba quebrado e inmerso en devastadora hiperinflación desencadenada durante el régimen del doctor Alan García Pérez (1985-1990) era indispensable y urgente revertir esta dramática situación que había heredado al asumir el poder en 1990 el presidente Fujimori. Menester era, en suma, detener este proceso de deterioro y ruina con una decisión política que impulse una estrategia de lucha integral contra dichas redes y coaliciones. Es en este contexto que debe comprenderse dicho instrumento legal que permite el arrepentimiento de terroristas. Así como la caótica situación económica que se vivía en ese entonces.
En efecto, había que frenar una hiperinflación —de 3 000 por ciento al año— que estaba generando una situación de caos y descontento social en vastos sectores de la población y que era obviamente utilizada por estas redes terroristas como caldo de cultivo para la guerra asimétrica que se vivía por entonces. Asimismo, se tenía que lograr reinsertar al Perú nuevamente en el sistema financiero internacional del cual habíamos salido durante la gestión del presidente García. La situación del Perú en el mundo financiero era tal que formaba parte de aquellos países a los cuales el Banco Mundial, el BID y el FMI consideraba “países parias”. Esto significaba ser calificados como inelegibles por no ser sujetos de crédito para la comunidad internacional. Sin duda, enfrentar todo esto demandaba no sólo visión, sino decisión de estadista. El presidente Fujimori estuvo a la altura de estos retos desde el inicio de su mandato.Frente a la persistencia de nuestra pobreza y subdesarrollo se tenía que reorientar el gasto social a fin de atender, sin demora, diversos programas sociales, reconstruir la infraestructura destruida por el terrorismo y sentar así las bases para el desarrollo y posterior crecimiento económico del país.En este contexto, la educación y la salud de la población constituían ejes fundamentales de la nueva estrategia de Pacificación Nacional y debían priorizarse, a fin de ganar la mente y los corazones de los ciudadanos. Estos al ver atendidas estas dos necesidades básicas y, además, otro servicio esencial como lo es el de la seguridad, recuperarían la confianza en el Estado y las autoridades. La nueva política de gobierno, la nueva estrategia de pacificación estaba logrando un doble propósito: primero, ganar la adhesión del pueblo; y segundo, que la ciudadanía recupere la confianza en quienes gobiernan.
El presidente, como educador, era plenamente consciente que la columna vertebral de un país es la educación y, dentro de ella, particularmente, la educación temprana y el cuidado de la infancia. Había que proteger prioritariamente a la niñez, convirtiendo a ésta en objetivo central del desarrollo y de las políticas públicas. Por lo tanto, se tenía que priorizar a la infancia frente al estado dedesnutrición infantil de menores de seis años, particularmente en las zonas rurales y altoandinas del país donde venían operando las redes terroristas.En esa línea de pensamiento, al Ministerio de Educación le correspondía diseñar programas para que el niño reciba una adecuada estimulación cognitiva, de lenguaje, motora y afectiva, esto es, además de una alimentación apropiada, se debería inculcar en los padres de familia —a través de campañas educativas— que brinden al infante dosis de amor que eleven su autoestima, y proporcionarle, además, estímulos que le permitan desarrollar su potencial corno ser humano.De esta manera se debía sentar las bases para evitar el advenimiento de una juventud proclive a la violencia, a la drogadicción, al pandillaje pernicioso y al antisistema. Previniendo estos males se aseguraba en razonable medida futuras personas adultas que sean capaces de poder insertarse adecuadamente en la sociedad.Asimismo, se debía priorizar las labores de alfabetización en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Puno y Cajamarca, dando los incentivos necesarios a fin de lograr que los maestros enseñen en provincias y con preferencia en aquellas zonas del país bajo el Régimen de Excepción de Estado de Emergencia, autorizando la construcción y el equipamiento de centros educativos en las áreas andinas más abandonadas por el Estado y zonas de emergencia. De esta forma se desarrollaba una política educativa con un nuevo modelo que recuse por igual a la violencia de las redes terroristas y del narcotráfico.Para ello resultaba indispensable restablecer el principio de autoridad en el seno del magisterio y en los diversos centros educativos del país, supervisando la labor educativa a fin de asegurar su eficiencia, evitando acciones de proselitismo a favor de las redes terroristas, fomentando el estudio y desarrollo de profesiones técnicas y realizando campañas de prevención del consumo de drogas tanto en los colegios como en los centros de estudios superiores y en las universidades públicas y privadas del país.Cabe resaltar que la política educativa no sólo mejoró en sus contenidos y en la protección de la infancia, sino que se preocupó del mejoramiento de la infraestructura al hacerse realidad la construcción de más de tres mil colegios a nivel nacional. El mantenimiento de estos planteles estuvo a cargo de los batallones de Ingeniería del Ejército que como parte de su tarea de Acción Cívica, debían todos los años —antes del inicio del período escolar—pintar locales, reacondicionar las aulas y carpetas y refaccionar los servicios higiénicos sin costo para los padres de familia. Por lo demás, los estudiantes recibían adicionalmente el desayuno escolar gratuito conjuntamente con los principales útiles de escritorio para amortiguar la economía familiar en época de crisis.En cuanto a la salud, se debía priorizar el mejoramiento de la misma en las zonas de emergencia y de menor desarrollo relativo en coordinación con las autoridades locales. Ello, a fin de reducir los elevados índices de mortalidad y subalimentación a través de los programas multisectoriales con prioridad en las zonas rurales donde operaban las redes terroristas. Igualmente se tenía que mejorar y ampliar la capacidad operativa de los servicios de salud con preferencia en las zonas urbanas marginales de Lima y el interior del país. Asimismo, el Servicio de Sanidad del Ejército debía, con su personal e infraestructura en cada Región Militar, brindar su apoyo a las autoridades locales del Ministerio de Salud para el mejor cumplimiento de sus funciones.Con relación a la agricultura, era necesario incrementar la producción agropecuaria, con prioridad en los departamentos de mayor incidencia terrorista como Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Junín. Es decir, se tenía que apoyar y brindar asistencia técnica con mayor énfasis a regiones como Los Libertadores, Huari, Inca y Andrés Avelino Cáceres para la formulación y ejecución de programas de producción agropecuaria intensiva, incrementando los programas de semillas, fertilizantes e insecticidas y control de plagas, ampliando la frontera agrícola, priorizando la recuperación de las áreas de cultivo no utilizadas, incrementando las granjas agropecuarias con participación de las universidades del país.Por otra parte, se debería buscar la sustitución de las plantaciones de coca, elaborando proyectos para el establecimiento de centros de investigación agraria en zonas cocaleras. Estos centros debían dedicarse al estudio e investigación de cultivos alternativos a la hoja de coca, asegurando el precio de garantía de aquellos de mayor rentabilidad, preservando su valoración en el mercado internacional, promoviendo la organización de los campesinos cocaleros en coordinación con las autoridades locales. Es decir, el objetivo era el desarrollo agrario alternativo en dichas zonas, a través del apoyo de la comunidad internacional para la sustitución de las plantaciones de coca, de las ofertas de la cooperación técnica internacional y de organismos extranjeros.De otro lado, se debería rehabilitar la infraestructura de riego afectada por los ataques terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA, fomentando, asimismo, la migración campesina de la ciudad el campo mediante incentivos como la adjudicación gratuita de tierras agrícolas de bajo riego, dictando normas que contemplen la mejor distribución y uso de tierras eriazas abandonadas con el propósito de adjudicarlas a los campesinos sin tierra, actualizando el mapa agrológico nacional y el de recursos hídricos, propiciando la constitución de organizaciones agrícolas para productores agropecuarios, todo esto a fin de racionalizar la actividad agropecuaria del país y hacer realidad una mayor asistencia técnica y crediticia por parte del Estado.En noviembre de 1991 el Ejecutivo presentó iniciativas complementarias requeridas para la implementación de la nueva estrategia, pero encontró una negativa de la oposición política que procedió a derogar los decretos legislativos expedidos. Este hecho produjo un lamentable vacío legal que terminó beneficiando directamente el terrorismo. Este vacío se traducía en ventajas para el terror en su guerra asimétrica contra el Estado peruano. Frente a dicha situación de entrampamiento, el presidente Fujimori tomó la decisión de dar paso el 5 de abril de 1992, al Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional. Este puso en vigencia los decretos sobre la Pacificación Nacional que habían sido anteriormente derogados por el Congreso Nacional, definiendo así un marco jurídico transitorio que permitía enfrentar el estado de guerra interna vivido en el país.

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